Las empresas de alimentación desconocen sus cadenas de suministro
La campaña califica a las empresas en función de si sus políticas garantizan que sus cadenas de suministro rechazan a proveedores que obtengan tierras mediante violaciones de los derechos sobre la tierra. En una escala de uno a diez, todas suspenden. Las que más puntuación alcanzan son Nestlé y Unilever, y su calificación, un tres, considera que sus directrices son “deficientes”.
“Pocas empresas pueden responder con precisión a estas preguntas y no es frecuente que compartan esta información con consumidores”, aseguran en la organización, que acaba de publicar un estudio que evalúa las políticas sociales y medioambientales de diez de estas grandes empresas.
El estudio quiere defender a millones de pequeños agricultores y trabajadores agrícolas que producen alimentos para todo el mundo, pero que sin embargo no tienen comida para alimentarse ellos mismos. Un 80% de la población con hambre crónica está formada por agricultores, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés). A pesar de ello, un tercio de los alimentos se desperdicia.
La clasificación busca que los compradores conozcan las prácticas de las empresas y que apuesten por los productos más responsables. Con este estudio, Oxfam tiene la esperanza de iniciar una “competición sana” entre estas multinacionales. Las que mejores resultados sacan son Nestlé y Unilever (Frigo, Calvé, Knorr, Flora) y las que peor Associated British Foods (Twinings) y Kellogg´s. De ellas se asegura que “apenas tienen políticas concebidas para abordar las repercusiones que sus actividades tienen sobre productores y comunidades”.
La comparativa utiliza siete parámetros: trato a los pequeños agricultores, a las mujeres, con respecto al cambio climático, su transparencia, respeto del derecho al agua, acaparamientos de tierra. Ninguna sale bien parada del todo. Por ejemplo, de Unilever y de Nestlé dicen que "no son ajenas al acaparamiento de tierras y la explotación de mujeres".
Según los autores del informe, la mayoría de estas empresas achaca las malas puntuaciones a los problemas del sistema alimentario, de los que también son responsables. Entre el reparto de responsabilidades aparecen los gobiernos, las comercializadoras y los propios consumidores, que aseguran, les reclaman productos cada vez más baratos.
El estudio concluye que “existen pruebas” de que los clientes quieren empresas medioambientalmente responsables y que están dispuestos a pagar más por productos elaborados en condiciones beneficiosas para los pequeños agricultores y el medio ambiente.
Para realizarlo han evaluado las políticas y compromisos, no sus prácticas. Uno de los objetivos es animar a los consumidores a que se involucren, exijan transparencia y presionen a las empresas para que mejoren sus prácticas.
Hecho por Facundo Fernando Cáceres Buján
