Los riesgos de un fármaco para la epilepsia en niños, una polémica que viene lejos

El debate no es nuevo. Los riesgos que supone para el feto la exposición al ácido valproico (un principio activo que se utiliza desde la década de los 70 bajo distintos nombres comerciales para tratar con eficacia la epilepsia, el trastorno bipolar y, en ocasiones, la migraña) son de sobra conocidos por la comunidad médica. Malformaciones congénitas, autismo, trastornos en el desarrollo físico o en el neurodesarrollo y dificultades de aprendizaje son algunos de los efectos secundarios que pueden sufrir los niños cuyas madres hayan tomado este medicamento durante el embarazo (según estimaciones publicadas por la BBC, solo en Reino Unido habría causado discapacidades en unos 20.000 niños desde los años 70). El problema se agrava, según ha denunciado el ente público británico, porque gran parte de esas mujeres no habrían sido informadas de los riesgos del medicamento durante la gestación. En el programa de investigación Inside Out London emitido el pasado lunes 22 en BBC One, alertaban también de “nuevas evidencias” que sugieren que estos efectos adversos podrían transmitirse de una generación a otra

Más allá de advertir de los riesgos en el prospecto, en Reino Unido se han implementado recientemente nuevas medidas para intentar paliar daños futuros. Así, en febrero de 2016 se introdujo una serie de herramientas educativas para que las mujeres embarazadas o en edad fértil estuvieran mejor informadas de los peligros asociados a este medicamento. Sin embargo, en septiembre de 2017, una encuesta llevada a cabo por tres asociaciones de epilepsia determinó que los mecanismos no estaban funcionando como deberían: según la BBC, el 68% de las consultadas (2.000 mujeres con epilepsia de entre 16 y 50 años, de las que 475 tomaban ácido valproico), no habían recibido los materiales; una de cada seis no conocía los riesgos asociados al medicamento en caso de embarazo, y el 21% no había tenido una conversación sobre el tema a instancias de un profesional sanitario.

Alarmado por estas informaciones, un político británico está liderando una campaña para que el gobierno inglés se involucre de forma activa en el problema. El pasado 19 de octubre, Norman Lamb, diputado de los Liberal Demócratas por North Norfolk y ex ministro de salud entre 2012 y 2015, aseguró en la Cámara de los Comunes que en los años 70 se ocultó de forma deliberada a las pacientes los efectos secundarios del fármaco, y aseguró que su gobierno tiene “el imperativo moral” de proporcionar apoyo económico a las miles de familias afectadas por lo que considera un “escándalo vergonzoso”.

Mientras se espera que la Agencia Europea del Medicamento emita pronto un nuevo informe sobre este fármaco, Domínguez añade que se está preparando “un folleto con pictogramas para que la gente entienda mejor el riesgo”, y asegura que sería “muy interesante” impulsar un estudio similar a los que se han llevado a cabo en Reino Unido o Francia. “Claro que en España también habrá habido casos, pero no están documentados. Aquí hacer este tipo de estudios es muy complicado, porque los sistemas informáticos pertenecen a cada comunidad autónoma. En Reino Unido esto funciona mejor, pero luego nos dicen que la información no es extrapolable porque cada país tiene sus características. Así que de momento estamos a ciegas”.