El alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa encargada del 80% de los casos de demencia en el mundo. Los expertos consideran que sobre unos 46 millones de personas padecen de esta demencia en la Tierra y, con el envejecimiento de la población, pronostican que en el año 2050 serán 131 millones de pacientes con esta enfermedad aproximadamente. Sin embargo, pese al evidente auge del alzheimer, la única manera que hay para atender a dichos pacientes son tratamientos sintomáticos con discretas conclusiones. El 94% de los pacientes de alzheimer son cuidados por sus familiares (cuidadores) desde el momento del diagnóstico y, la atención prestada a estos, tiene un coste estimado de unos 31.000 euros al año, un 29% mayor al salario medio español, que está en unos 24.000 euros anuales aproximadamente, mientras que la pensión media ronda los 12.600 euros. La pérdida de la propia autonomía es inexcusable y, por consiguiente, la necesidad de recursos sanitarios y asistenciales va cada vez a más, por lo que los gastos económicos y los costes emocionales son altísimos.
Según el Informe de Demencias de la Sociedad Española de Neurología, el precio del tratamiento a un paciente con una enfermedad como el Alzheimer varía entre los 27.000 y los 37.000 euros anuales (una media aproximada de 31.000 euros como mencionamos antes). El deterioro cognitivo del paciente se interpreta, a la larga, en más visitas a urgencias y prolongadas permanencias hospitalarias. El gasto sanitario de un paciente con alzheimer es un 34% mayor que el de un individuo de su edad sin la enfermedad, siendo esto un grave problema de hacienda.
Pese a la situación, existen los cuidadores que son los encargados de que personas con notables insuficiencias estén perfectamente atendidos (principalmente son los miembros de la familia del paciente). Debido a esto, se debería proponer entre otras cuestiones aumentar las ayudas económicas a estas familias, favorecer el convenio de la vida profesional con estos cuidados, mejorar sus condiciones tributarias y reducir el acceso a los tratamientos, para que se limite el impacto en la economía.
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